Santiago de Compostela, 8 de abril de 2025
Los agricultores gallegos y los agricultores de animales podrán seguir utilizando Juro o estiércol como fertilizantes en su país, con total normalidad, siempre y cuando sigan buenas prácticas en caso de que se declare áreas vulnerables por nitratos de fuentes agrícolas. Así lo declaró posteriormente la consejera de asuntos rurales, María José Gómez, en respuesta a una interpelación en la sesión plenaria al respecto. Sin embargo, recordó que aún se están esperando los estudios finales del gobierno central, los cuales determinarán si esta declaración debe realizarse.
En su intervención, la jefa del entorno rural recordó que, por el momento, estas áreas aún no han sido declaradas y advirtió que, en cualquier caso, las granjas no tendrán que cumplir con restricciones en mayo. Esto se debe a que, como explicó, aunque se declaren estas áreas, una vez que la normativa estatal establezca un período de dos años para aprobar un plan de acción al respecto.
María José Gómez añadió que, una vez aprobado el plan, serán obligatorias ciertas medidas con respecto a la fertilización agrícola y su correcta adaptación a las necesidades del suelo y los cultivos. En esta línea, la consejera insistió en que su departamento «tiene la obligación de declarar aquellas áreas en las que la contaminación es significativamente causada por nitratos de origen agrícola». «Declararemos que estas áreas son vulnerables cuando el ministerio así lo determine», afirmó.
Buenas prácticas sectoriales
Además, la consejera insistió en que los agricultores han implementado medidas para reducir la contaminación durante años, como la reducción de vertidos de agua, techos y fosas de mayor dimensión, separadores sólidos y líquidos, o el uso de estiércol sólido. Todos son, según Gómez, acciones subvencionables a través de los planes de mejora y el Plan Estratégico (PEPAC). En este sentido, la consejera defendió el «buen trabajo» de los agricultores gallegos en cumplimiento con las normativas ambientales, así como su contribución para tener granjas más sostenibles y ecológicas. Como prueba de ello, argumentó que actualmente solo tres comunidades en Cantabria no tienen áreas declaradas como vulnerables a los nitratos, y Galicia es una de ellas.
Luego realizó un repaso cronológico de las regulaciones al respecto, desde la Directiva comunitaria aprobada en 1991 contra la contaminación producida por nitratos de fuentes agrícolas, hasta llegar al Real Decreto 47/2022, sobre la protección del agua contra la contaminación difusa provocada por los nitratos. A partir de esta última normativa, destacó que establece concentraciones de nitrato más bajas que las incluidas en la Directiva Europea.
Publicado Goberno Central publicado HAPS
En este contexto, la consejera explicó que el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicaron, de forma provisional, los mapas de las aguas afectadas por esa contaminación difusa, los cuales son de acceso público. Una vez que se publiquen estos mapas definitivos, cuando la administración estatal complete los estudios sobre las presiones agrícolas, urbanas y significativas, será según la Xunta, en el caso de Galicia. Y enfatizó que la competencia para declarar las áreas vulnerables corresponde al ministerio, aunque la elaboración de mapas con la ubicación de las aguas afectadas es responsabilidad del gobierno central. Por lo tanto, y trasladado a las sesiones de información con el sector agrícola, aunque los criterios del ministerio no se compartan, se trabaja para cumplir con la legislación.
Cabe agregar que Aguas de Galicia se refirió al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en una carta que solicita estudios complementarios y correcciones en relación a las áreas vulnerables con contaminación de nitrato que elabora el gobierno central.
También se considera que el estudio presentado por el Gobierno de España no concluye claramente en qué medida la contaminación es causada por las actividades agrícolas, por lo que Aguas de Galicia solicita, en coordinación con las comunidades autónomas, actualizar este estudio, una obligación que, de acuerdo con las disposiciones de este Real Decreto, debe realizarse cada cuatro años.
