Santiago de Compostela, 16 de febrero de 2026
Las conselleiras de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y la conselleira del Mar, Marta Villaverde, se reunieron hoy con representantes del complejo mar-industria, municipios costeros y otras entidades para informar sobre la intención del Gobierno central de modificar nuevamente el Reglamento General de Costas de manera poco transparente, argumentando que así lo exige Bruselas. En la reunión, las partes analizaron la falta de transparencia en este proceso y coincidieron en la necesidad de exigir un mayor plazo para la presentación de aportaciones, ya que el Ejecutivo central limita la consulta pública previa a 15 días, el plazo mínimo establecido por la legislación para este trámite, así como conocer todos los detalles y fines de esta pretendida reforma legislativa.
Ángeles Vázquez lamentó que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico repita el modus operandi de 2018 y 2024, las dos veces anteriores en las que intentó modificar la normativa coartando la participación de la ciudadanía y con el único objetivo de restringir los usos de la costa. En el primer caso, el Tribunal Supremo anuló la reforma del Reglamento General de Costas por un defecto de forma y en el segundo, el propio Gobierno central paralizó el procedimiento ante el rechazo frontal de las comunidades autónomas costeras.
La titular de Medio Ambiente y Cambio Climático denunció la falta de transparencia en este tercer intento y instó al Ejecutivo central a proporcionar toda la información sobre lo que pretende hacer y aclarar lo que realmente le está pidiendo Bruselas. En esta línea, recordó que la Xunta ha solicitado información en varias ocasiones sobre el expediente de infracción abierto por la Comisión Europea, pero no la ha obtenido.
Ante esta situación, Galicia exigirá al Ministerio en sus alegaciones, que se pueden presentar hasta el próximo jueves, que remita toda la documentación relativa al procedimiento iniciado por Bruselas, que exponga claramente el alcance real de la modificación del reglamento y que amplíe a un mes el plazo de la consulta pública previa, para hacer efectiva la participación que se espera en este tipo de trámites. De hecho, animó al sector del mar, a los municipios y al resto de entidades a sumarse a las propuestas de la Xunta o presentar las suyas en defensa de sus intereses.
Además, Ángeles Vázquez señaló que a la falta de transparencia se añade un despropósito en el procedimiento, ya que el Gobierno central pretende hacer cambios primero en el Reglamento General de Costas y luego en la ley, cuando el Derecho español establece de manera inequívoca que los reglamentos desarrollan las leyes, no al revés, por lo que el orden elegido es totalmente irregular y fuera de lo común desde el punto de vista jurídico. Detrás de esta forma de actuar se esconde la intención de evitar el trámite parlamentario, el debate público y que la reforma tenga que ser aprobada por el Congreso de los Diputados.
Transparencia, no recortes
En esta línea, la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático subrayó que Europa pide a España transparencia al otorgar las concesiones, ya que el Gobierno central nunca ha contado con un registro ni ha informado sobre los títulos otorgados en la costa, pero no dice nada sobre acortar el plazo de las concesiones, como lleva tiempo intentando hacer. Además, criticó que un asunto de estas dimensiones no se haya expuesto a las comunidades, como corresponde, en una conferencia sectorial, el órgano legalmente constituido de coordinación y colaboración entre la Administración General del Estado y las autonomías.
La Xunta lamenta que todo apunte a un nuevo intento de reformar de manera poco transparente el Reglamento General de Costas y avanzar en la intención del Gobierno central de eliminar cualquier vestigio de presencia humana en el litoral antes de 2050. Para ello, se intenta limitar las concesiones de prórrogas en dominio público marítimo-terrestre (DPMT) a solo 30 años, frente a los 75 vigentes, endurecer los requisitos para instalar cualquier tipo de negocio en la costa y ampliar el DPMT, limitando la propiedad privada, económica e industrial, llevando la línea de deslinde tierra adentro.
En este sentido, Ángeles Vázquez advirtió que el Ejecutivo gallego defenderá los intereses de la comunidad hasta el final y velará para que no haya interferencias en las competencias de Galicia sobre la costa, desarrolladas a través de la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral (Loxilga).
De hecho, lamentó la forma de proceder del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en su pretendida modificación del reglamento, limitando la participación y sin transparencia, y lo instó a hacer las cosas bien, como hizo Galicia en su momento con la Loxilga. En esta línea, recordó que la Xunta siempre ha defendido la necesidad de reformar la ley de costas estatal para adaptarla a la realidad actual y tomando como modelo la normativa gallega, que busca alcanzar un equilibrio entre los aspectos medioambientales, económicos y sociales.
Defensa de la seguridad jurídica
Precisamente, la conselleira del Mar expuso en la reunión que la consulta pública previa para la modificación del Reglamento General de Costas genera una profunda preocupación al afectar directamente a las concesiones que sustentan gran parte de la actividad del complejo mar-industria. En este sentido, advirtió que cambiar las reglas de juego actuales sin un diálogo real con el territorio supondría poner en riesgo inversiones realizadas durante décadas, miles de empleos y la estabilidad de un sector estratégico para la economía y la cohesión social de las zonas costeras, así como del conjunto de la comunidad.
La responsable autonómica defendió que el marco legal vigente ya cuenta con instrumentos suficientes para garantizar la protección ambiental compatibilizándola con la actividad económica. En esta línea, manifestó la necesidad de constituir un frente común en la defensa de los intereses del sector marítimo-pesquero gallego.
Por eso, reiteró el compromiso de la Xunta de defender un marco normativo claro, estable y previsible, reclamando lealtad institucional, participación efectiva de las comunidades autónomas y que cualquier reforma se base en informes técnicos rigurosos y en el respeto a la realidad del litoral gallego y de su cadena mar-industria.
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