La Xunta de Galicia ha convocado una reunión extraordinaria de la delegación española en el Comité Europeo de las Regiones para debatir una nueva propuesta de la Comisión Europea que afectaría al financiamiento de las regiones. Esta propuesta ha generado desacuerdo entre las comunidades autónomas, que consideran que el nuevo enfoque podría dificultar el acceso a los fondos y la gestión eficiente de los mismos.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó recientemente su propuesta para el Marco Financiero Plurianual 2028-2034, con un presupuesto de 2 billones de euros. A pesar de representar un ligero aumento respecto al presupuesto anterior, las comunidades autónomas expresaron su preocupación por los posibles efectos de esta nueva formulación en la cohesión regional.
Desde Galicia, se defiende la importancia de la Política de Cohesión como herramienta para reducir las disparidades entre las regiones. Se ha destacado el buen uso de los fondos y la eficiencia en su aplicación, argumentando que la centralización propuesta por la Comisión podría ser contraproducente y dificultar el diseño de planes específicos para las necesidades locales.
Otro punto de preocupación es el futuro de los fondos destinados a la Política Agraria Común y la Pesca. Se teme que la nueva distribución de los fondos reduzca significativamente las inversiones vitales para estos sectores, lo que tendría un impacto negativo en Galicia. La descarbonización y la Transición Verde propuestas por Bruselas también plantean desafíos adicionales para estos sectores estratégicos.
En este contexto, las autoridades gallegas están trabajando para hacer frente a los cambios propuestos y asegurar que los sectores agrario y pesquero no sean desplazados en la construcción de la Unión Europea. Se destaca la importancia de preservar la seguridad alimentaria y se aboga por una perspectiva integral en la política pesquera común, que reconozca la complejidad y las particularidades de estos sectores en las regiones costeras.
En resumen, la propuesta de la Comisión Europea ha generado debate y preocupación en las comunidades autónomas, especialmente en Galicia, donde se defiende la importancia de mantener la cohesión regional y el apoyo a sectores clave como la agricultura y la pesca.
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