La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, ha solicitado una reunión de trabajo con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para abordar la gestión de la AP-9 en respuesta al último dictamen de la Comisión Europea sobre las prórrogas del contrato concesional de la autopista.
Allegue ha solicitado esta reunión, la quinta en el último año, debido a la falta de información por parte del Gobierno central sobre la respuesta que dará ante el mencionado dictamen. Además, pretende exponer el nuevo estudio de la Xunta que concluye que el rescate de la concesión es actualmente la solución más ventajosa para el interés público, estimando esta medida en 2.356 millones de euros. En este estudio también se evalúa el impacto que la eliminación del peaje de la AP-9 tendría sobre el tráfico.
Según el estudio actualizado de la Xunta, el costo de la indemnización calculado en 2025 es mayor (2.356 millones de euros) que el calculado en 2024 (2.331 millones de euros), a pesar de haber transcurrido un año más de concesión. Esto se debe a que el beneficio de la concesionaria aumenta con el tiempo, lo que incrementa el costo del rescate. Por esta razón, la Administración autonómica considera que es mejor abordar el rescate cuanto antes.
Allegue recuerda que la opción del rescate ya había sido sugerida por el Consejo de Obras Públicas y el Consejo de Estado en sus informes sobre el proyecto de RD 680/2021, en el que se introdujeron bonificaciones para los usuarios, ampliadas posteriormente en 2024. Ambos organismos señalaron la necesidad de analizar la conveniencia del rescate ante el enorme compromiso de gasto previsto, una cuestión que no se ha abordado hasta el momento.
Además del cálculo del costo de la indemnización, Allegue destaca la importancia de que el Estado realice un análisis costo-beneficio equivalente al realizado para la circunvalación de la AP-7 en Alicante, que concluyó con la liberación definitiva del peaje en esa autopista debido a los beneficios socioeconómicos y medioambientales que conllevaba.
La conselleira se muestra dispuesta a exponer los términos del estudio elaborado por la Administración autonómica y recuerda que en el último año la Xunta ha solicitado en múltiples ocasiones una reunión para abordar un tema tan trascendental como la gestión de la AP-9, sin obtener respuesta hasta el momento.
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