La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha denunciado en el pleno del Parlamento de Galicia el desprecio constante del Gobierno central hacia las comunidades autónomas en la tramitación de la reforma del Reglamento General de Costas. Vázquez ha señalado que el Ejecutivo central ha iniciado los trámites sin informar previamente a las autonomías, dando poco tiempo para presentar aportaciones a la consulta pública y sin convocar la Conferencia Sectorial de Costas.
Esta falta de transparencia y celeridad injustificada se ha repetido en el proceso de audiencia e información pública del anteproyecto de real decreto, publicado el 9 de marzo sin la correspondiente Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) y con un plazo inicial de tan solo 18 días hábiles para presentar alegaciones.
La conselleira ha destacado que los múltiples defectos en el procedimiento y su viaje a Bruselas la semana pasada para solicitar amparo a la Comisión Europea llevaron al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a rectificar ampliando el plazo de alegaciones hasta el 15 de abril, además de enviar la MAIN a las comunidades autónomas.
A pesar de ello, el Gobierno central sigue sin convocar la Conferencia Sectorial de Costas, lo que evidencia su intención de silenciar a las comunidades en este asunto. Por otro lado, la negativa a convocar a las regiones para abordar esta cuestión contrasta con la convocatoria reciente de una Conferencia Sectorial para discutir un anteproyecto sobre la comercialización de productos libres de deforestación.
Vázquez ha lamentado el oscurantismo y la mentira en los que, según ella, están inmersos algunos dirigentes del Ministerio, como el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Ha advertido que es asombroso que una comunidad deba señalarles que están actuando mal, especialmente cuando se trata de su tercer intento de reformar el reglamento de forma poco transparente.
En cuanto al pretexto de que la reforma del Reglamento General de Costas responde a una orden de Bruselas, Vázquez ha subrayado que es una falsedad, ya que lo que pide la Comisión Europea es la reforma de la Ley de Costas, no del reglamento. El Gobierno central, según ella, está utilizando esta vía para limitar concesiones y equiparar instalaciones industriales con servicios temporales, entre otras medidas.
La conselleira ha alertado sobre la urgencia que supuestamente tiene la Comisión Europea, señalando que Italia lleva desde 2016 con un procedimiento similar sin que se le haya impuesto ninguna sanción. Además, ha advertido que las autoridades comunitarias están preocupadas por el oscurantismo del Gobierno central, temiendo que la reforma genere inseguridad jurídica, litigios y conflictos sociales debido a la afectación de derechos adquiridos por titulares de concesiones en el dominio público marítimo-terrestre.
FUENTE
