La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha instado al Gobierno central a retirar el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional que está paralizando el plan de aceleración de la dependencia y la discapacidad implementado por la Xunta. En su intervención en el Parlamento de Galicia, García recordó que la Xunta se ha personado en este procedimiento, que ha detenido las homologaciones automáticas de discapacidad, beneficiando a más de 12.600 gallegos en 2025.
Además, García solicitó al Gobierno central que cumpla con la Ley de Dependencia y financie el 50% de los servicios de atención a la dependencia, ya que acumula una deuda con Galicia de 2.900 millones de euros. En este sentido, mencionó el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), que reciben 23.000 gallegos y con el cual la Xunta ha firmado un acuerdo con la Fegamp para aumentar su contribución en un 50% hasta 2028.
En cuanto al modelo de cuidados impulsado por la Xunta, la conselleira destacó que la atención a las personas mayores es una prioridad del Gobierno gallego, reflejada en los presupuestos para el año 2026, donde se destinan más de 840 millones de euros. García enfatizó la importancia de permitir a los mayores elegir dónde quieren pasar esta etapa de su vida, señalando que la preferencia de la mayoría de los gallegos es recibir cuidados en su hogar.
En relación con la atención residencial, se explicó que el objetivo de la Xunta es impulsar más de 3.500 nuevas plazas públicas hasta 2028, invirtiendo más de 40 millones de euros en la mejora de las residencias de la red pública gallega durante esta legislatura.
En cuanto a la inclusión social, García mencionó que la Xunta ha asegurado en 2026 un presupuesto de cerca de 130 millones de euros para esta área. Se resaltó la apuesta del Gobierno gallego por la creación de empleo y la inserción laboral, con políticas que faciliten a las personas construir sus proyectos personales y vitales.
Por último, se destacó el acuerdo histórico alcanzado con la Fegamp para aumentar la contribución de la Xunta al financiamiento del SAF, un servicio gestionado por los ayuntamientos y que reciben diariamente 23.000 gallegos. Esta inyección de más de 150 millones de euros hasta 2028 se traducirá en una mejora de la prestación del servicio, reduciendo las listas de espera y los tiempos de espera.
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