La Xunta de Galicia ha expresado su preocupación ante la falta de voluntad por parte del Gobierno central para llegar a un acuerdo que permita cubrir el cuadro de personal de la Unidad de Policía Nacional Adscrita (UPA) de Galicia. Actualmente, la UPA cuenta con 338 agentes, pero se necesitan 500 para completar el cuadro y garantizar la prestación de servicios.
El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha comunicado que la Xunta está totalmente dispuesta a negociar y llegar a un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes. Sin embargo, la falta de diálogo ha impedido avanzar en la firma de un nuevo convenio, lo que pone en riesgo la prestación de servicios, especialmente en áreas como la protección en casos de violencia de género, que es competencia exclusivamente estatal.
Después de nueve meses sin respuesta a la propuesta presentada por el Gobierno gallego para firmar un nuevo convenio y cubrir las vacantes, la situación se ha vuelto insostenible. Actualmente, el Estado cubre los salarios y la comunidad asume la productividad de los policías, pero se exige que la Xunta asuma el 50% de las nóminas y que los gastos de funcionamiento sigan a su cargo, lo que triplicaría el presupuesto autonómico destinado a la UPA.
Ante esta situación, el Gobierno gallego se ha visto obligado a reducir los efectivos de la Unidad de Policía Nacional Adscrita en edificios administrativos. Se espera que el Ministerio del Interior reflexione y se inicie un diálogo para desbloquear la situación y llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes, evitando que la prestación de servicios se vea comprometida en Galicia.
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