La Fiscalía ha solicitado dos años y medio de prisión y una multa de 3.000 euros para cada uno de los tres responsables de un club de alterne en Vigo, acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores. Este club, ubicado en un chalé en la zona de Castrelos, empleaba a casi una veintena de mujeres que ejercían la prostitución sin estar dadas de alta en la Seguridad Social.
Tras dos inspecciones realizadas por la Inspección Laboral y la UCRIF de la Policía Nacional, se descubrió que las 19 mujeres que trabajaban en el club no tenían la documentación en regla, algunas ni siquiera contaban con permiso de trabajo. La mayoría de las empleadas eran de nacionalidad colombiana, aunque también había mujeres brasileñas, dominicanas, paraguayas, venezolanas y una rumana.
A raíz de esta situación, la sociedad encargada de gestionar el club recibió una multa de 40.000 euros por parte de la Seguridad Social. En septiembre de 2023, el club cerró sus puertas y los propietarios del chalé donde se encontraba presentaron una denuncia por impago del alquiler.
La vista por estos hechos está programada para este martes en la Audiencia Provincial de Pontevedra, con posibilidad de llegar a un acuerdo de conformidad que podría reducir las penas solicitadas por la Fiscalía. La situación pone de manifiesto la importancia de cumplir con las normativas laborales y de seguridad social para garantizar los derechos de los trabajadores, evitando situaciones de explotación y precariedad laboral.
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