
La quinta sección del Tribunal Provincial de Pontevedra estimó parcialmente los recursos presentados por varios heridos en el accidente ocurrido en agosto de 2018 durante el festival Marisquiño, cuando una parte de una fuente colapsó y causó más de 400 heridos, y devolvió el caso al Juzgado de Instrucción del Puerto de Vigo.
El Juzgado de Instrucción había acordado en enero de 2023 el archivo provisional y el sobreseimiento del caso, argumentando que los hechos no tenían relevancia penal y que los afectados debían acudir a la vía civil. Entre las razones dadas estaban la falta de regulaciones en cuanto al mantenimiento de estas estructuras en el momento de la construcción, puestas a disposición del puerto y la ciudad.
En su resolución del 7 de abril de 2025, la audiencia señala que no comparte los criterios del juez de instrucción y argumenta que la interpretación de este dejaría sin sanción cualquier actividad no regulada administrativamente. Además, destaca que la omisión de la regulación violaría el derecho a la vida y la integridad de los ciudadanos.
Por otro lado, los magistrados recuerdan que existen sentencias del TSXG que establecen la obligación del Consejo Municipal de preservar el patrimonio, resoluciones que son relevantes en este caso.
En resumen, la audiencia estima parcialmente los recursos de varios lesionados y revoca el archivo del caso, devolviéndolo al Juzgado de Instrucción para que emita una resolución sobre la posible violación de la debida atención por parte de las entidades públicas involucradas.
La audiencia aclara que la responsabilidad penal solo puede atribuirse a personas naturales y debe determinarse si existe responsabilidad civil directa o subsidiaria para ciertas entidades públicas.
La lista de investigados incluía a tres técnicos del puerto y dos técnicos municipales. El fiscal solicitó la comparecencia del entonces consejero de seguridad y otro funcionario municipal, pero estas citaciones ya no serán posibles.
El abogado Francisco Méndez Senlle, representante de tres de los recurrentes, destacó que esta decisión del Tribunal Provincial podría abrir la puerta a un juicio penal por el accidente en el que resultaron heridas más de 400 personas.